Comentaba en días pasados que
si bien el alcalde Otto Guillermo Claussen Iberri se esmeró en pavimentar
calles en lugares hasta donde no urgía tanto, hay algunos rubros en los que nos
va a quedar a deber a los guaymenses, y entre uno de estos figura lo del alumbrado
público. Pero hay otro más en el que el pendiente que deje será más grande: la
seguridad pública.
El pasado fin de semana, me
tocó agregarme a la estadística del robo de acumuladores de auto. Al modo, fue
al amparo de la oscuridad que provoca la falta de alumbrado suficiente, y ante
la total ausencia de patrullas previniendo delitos en pleno centro de la
ciudad. Los ladrones, con toda la tranquilidad del mundo y abusando del sueño
reparador (que después de esto se acabó), cometieron el ilícito.
Al día siguiente lo comenté
con los vecinos. Grande fue mi sorpresa al enterarme de que a uno de ellos ya
le robaron en dos ocasiones la batería y un auto estéreo. A otro más, le
“ganaron” con un espejo lateral de su auto. Es decir, finalmente yo había
corrido con suerte en tratándose del carro, porque ya son varias cosas (sillas,
llantas y más) que se han llevado del porche de la casa.
Unos agentes que se acercaron
mientras revisaba el carro me comentaron que a las chatarreras no van a dar las
pilas, “porque tienen estrictamente prohibido comprarlas”. Cuando notaron mi
sonrisa irónica, sólo guardaron silencio. Ellos tampoco creen la versión
emanada de los jefes policiacos. Y las víctimas tampoco creemos que no estén
enterados de quienes cometen, con toda libertad y cinismo del mundo
En materia de prevención del
delito, la presente administración dejará mucho que desear. Hoy en día, somos
millares de guaymenses los que hemos sufrido el ataque del delincuente común,
que ante la ineficacia policiaca, ha hecho de su ilícita práctica su mejor
negocio, el que finalmente viene a satisfacer necesidades baratas, como el
consumo de drogas y alcohol. Y lo peor es que cuando se llega a capturar a uno
de esos malandrines, los ministerios públicos se encargan de liberarlos al
siguiente día para no tener “exceso” de trabajo.
Haber permitido la permanencia
de un jefe que, como Francisco Vidaurrázaga Soto, ya vio pasar sus mejores años
como policía (lamentable que tras una buena carrera laboral, en los estertores
de esta las cosas vayan tan mal), ha resultado terrible para los guaymenses. No
solamente somos víctimas indefensas de los rateros. Aparte los elevados costos
que esto provoca incrementan el problema y la frustración, la impotencia de no
contar con autoridades que sirvan para protegernos.
Y más allá de todo esto, la
insolencia con que nos trata la autoridad misma, al difundir noticias
mentirosas, como la mentada prohibición a las chatarreras de comprar pilas y
otros productos del hurto. Lo cierto es que mientras permanecieron clausuradas,
la estadística de robos de baterías y metales descendió drásticamente. Ni modo,
fue información oficial. Ahora que las reabrieron, los robos “volvieron a la
normalidad”, aún con la prohibición de marras. Imaginemos ahora que no se los
hubieran prohibido.
Es curioso: falta de alumbrado
e inseguridad. Esto casi lleva a pensar que pavimentaron calles para facilitar
la huida a los delincuentes.
