El
pasado fin de semana, una nota generada en un palenque de Ensenada, Baja
California Sur, encendió de nuevo los focos rojos en el resto del país: un
grupo de hombres armados llegaron hasta ese lugar, y por razones que sólo ellos
conocen, empezaron a disparar a diestra y siniestra, asesinando a cuatro
personas, entre ellas dos menores de edad, e hiriendo a cerca de 15 más. El
hecho está consignado en todos los medios de comunicación.
Pudiera
parecer un hecho más en el que la delincuencia organizada está involucrada y
que se trató de los llamados ajustes de cuentas entre bandas rivales dedicadas
al narcotráfico y demás menesteres. Sin embargo, el hecho en sí marca un
precedente que está despertando marcada preocupación entre la sociedad común:
los delincuentes ya hicieron a un lado sus códigos de conducta, y ya no
solamente asesinan a sus enemigos directos. Ya están atentando de manera
indiscriminada con quien se les atraviese en el camino.
En
los últimos días, en nuestra región Guaymas-Empalme se han estado registrando
casos específicos en los que, personas que aparentemente no tienen relación
alguna con cuestiones delictivas, han estado siendo “levantados”. En algunos
casos se dice que es por gente ligada al crimen organizado. En otros, se habla
de la posible intervención de elementos del Ejército Mexicano investidos de
civiles, lo que despierta más la inquietud ciudadana.
Lo
cierto es que en Sonora la tranquilidad parece relajarse de nuevo, y más ahora
precisamente en que, como se insiste, tal pareciera que los delincuentes ya no
arremeten sólo en contra de sus antagonistas, sino que ya están arrasando
parejo, por lo que se ve. Y la consecuencia muy natural de todo esto es que la
comunidad vuelve a entrar en una etapa de zozobra, intranquilidad,
mortificación y angustia. Salir a la calle de nuevo está dejando de ser seguro.
En
tales condiciones, se vuelve elemental tener una atención de las autoridades en
torno a las medidas que eventualmente se estén tomando para tratar de
contrarrestar esto. Hasta este momento, no hay un dato preciso sobre la manera
en que Gobierno del Estado y Municipios estén trabajando para dar garantías a
la ciudadanía común. Varias personas que argumentan no tener vínculos con la
delincuencia, han sido privadas de su libertad, y después aparecen con
evidencias de haber sido golpeados salvajemente. Eso se llama simplemente
inseguridad.
El
ciudadano común tiene todo el derecho constitucional de exigir el respeto a sus
garantías, y entre éstos está precisamente la seguridad. Las personas de buen
vivir no pueden estar sometidas a este tipo de inquietudes y las autoridades
tienen la obligación de ofrecer una certeza en ese sentido.
Si
las cosas siguen igual, se corre el riesgo de que varias ciudades de la entidad
se conviertan en otro Sonoita, donde no hace mucho se dieron todas las
condiciones para ser considerado como un pueblo totalmente sin ley.
Los
delincuentes pueden vivir su vida como mejor les plazca. Pero la sociedad no
debe ser involucrada en esta, y se supone que para eso se cuenta con un
gobierno.
