La situación actual, vista fríamente, otorga la razón a ambas partes: por un lado está la gente que, de acuerdo a lo que marca la ley que ampara al trabajador, están exigiendo algo precisamente muy legítimo. Si hay un despido injustificado, un recorte de personal o como quiera manejarse la suspensión de labores, la autoridad está en la obligación de liquidarlos. Y liquidarlos bien.
Y por otro lado, al alcalde Otto Guillermo Claussen Iberri también lo ampara la razón, al manifestar que resulta insostenible ya para el Ayuntamiento mantener una planta laboral que implica una erogación mensual de más de 10 millones de pesos, esto para un Municipio que observa unas finanzas miserables, consecuencia principalmente, dicen, del pésimo manejo que de los recursos hizo el ex alcalde César Adrián Lizárraga Hernández.
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| Otto Claussen. |
Pero retomando el asunto original, creo que es urgentemente necesario que, dentro del Ayuntamiento (y de los ayuntamientos en general), los regidores analicen su verdadera participación como parte de un ente que tiene también manejo legislativo. Quizá un servidor peque de ignorante en materia jurídica, pero siento que la cuestión laboral dentro del gobierno debiera verse de una forma distinta a como se maneja para el sector empresarial.
Hoy existe la advertencia (insisto, totalmente legítima) por parte de los trabajadores despedidos, de recurrir a la demanda laboral para sacarle el Ayuntamiento lo que ellos consideran una liquidación totalmente justa. Al aviso de que las arcas del Municipio están vacías, ellos responden con algo que es normal en este caso: “es problema de ellos. Ellos sabrán cómo le hacen para pagarme mi liquidación”. Es decir, “a mí me vale si hay dinero o no en la Tesorería… a mí me pagan…”
Y mientras la relación se siga manejando como obrero-patronal regida por la LFT, todos los municipios seguirán teniendo el mismo problema, hasta que llegue el momento en que a alguien se le ocurra darle al empleo gubernamental un manejo totalmente diferente, porque en el caso que nos ocupa, estamos hablando de que las contribuciones que el pueblo hace para tener beneficios colectivos se utilizan finalmente para pagar sueldos.
Los habitantes de una Nación deben contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporción lo más cercana posible a sus capacidades económicas. En ocasiones esto implica un sacrificio, pero la iniciativa de los impuestos, partiendo de su creación desde los tiempos del imperio romano, indicaba que esto era para que el gobierno pueda corresponder a quien contribuya con la creación de obras de beneficio colectivo. Hoy el sacrificio de muchos representa el beneficio de unos cuantos.
En cada Municipio debiera irse preparando la presentación de iniciativas para darle un cambio radical al manejo de los dineros públicos. Es absurdo, aún cuando la Ley Federal de Trabajo busque proteger al obrero, que el dinero del ciudadano común tenga un uso distinto para el que es aportado. Y aportado de una manera obligatoria. El contribuyente no tiene por qué pagar las consecuencias de cuestiones laborales que no le competen. Sólo quiere que haya el dinero suficiente para tener calles en buen estado y alumbrado público, entre muchísimas otras cosas más en que se debiera aplicar su impuesto.
Un manejo distinto, pues, al empleo en el gobierno, que al se da al trabajador de una maquila, una tienda de autoservicio o una humilde mercería. En las empresas el dinero es para un dueño. En el gobierno el dinero debiera ser para el contribuyente, y es el que menos recibe una correspondencia a su cumplimiento fiscal.
En fin.
