El tema de la corrupción en las instancias judiciales no
es ninguna novedad, y mucho menos en Guaymas. Las ocasiones en que el Gobierno
del Estado asegura que aplicará estricto control en las agencias del Ministerio
Público y entre sus policías, son las mismas en que la respuesta es contundente
y arrolladora: aumentan las denuncias por prácticas corruptas en esas
instancias.
Sin embargo, el problema no es solamente eso. La
situación se complica todavía más cuando las personas víctimas de la ambición
de funcionarios adheridos a esas dependencias, sufren consecuencias más
delicadas, que van desde la amenaza hasta la posible fabricación de delitos que
finalmente los llevan a --incluso-- ser privados de su libertad. Quien cae
víctima de la corrupción de un MP o un agente judicial, la pierde siempre de
cualquier manera.
Hace años, mientras trabajaba para el periódico El Vígía,
un joven “x” se reportó conmigo vía telefónica para hacer una denuncia pública.
A él le habían robado su vehículo un año atrás, y en una visita a Guaymas,
descubrió las placas de su auto puestas en otro, este último propiedad de un
miembro del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia
en el Estado, en Guaymas, con domicilio entonces en la avenida 15.
Publiqué la denuncia y posteriormente me dirigí a las
oficinas de la PGJ, donde tomé algunas fotografías de las placas sobrepuestas,
y después traté infructuosamente de hablar con el dueño del carro. Simple y
sencillamente se negó a atenderme, por lo que me dirigí a las oficinas del
Ministerio Público, donde me atendió --de muy mal modo por cierto-- el
representante social, un tipo pelón, mal encachado. Creo que se apellidaba
Márquez o algo así.
En la entrevista le pregunté que si cómo era que un
empleado de la Procuraduría traía un auto con placas sobrepuestas de otro que
había sido robado. Me contestó de mal modo que “algo” había leído al respecto y
que iban a iniciar una investigación. Insistí en mis preguntas, y le cuestioné
que si qué procedía en caso de que se comprobara (como ya era un hecho) que las
placas correspondían a un auto robado… entonces el tipo estalló.
Empezó a levantar la voz y me dijo que, para empezar,
traer placas sobrepuestas en un carro no es delito, por lo que le pregunté “¿aunque
sean de un carro robado?”… entonces “ardió Troya”. El sujeto de marras empezó a
despotricar y me gritó que yo le tenía que comprobar que esas placas eran de un
auto supuestamente robado, y que ellos como “autoridad” tomarían las cartas de
este asunto. Una especie de “amenacita” para empezar.
Me salí de ahí, y al día siguiente decidí ir a conversar
con el muchacho que había puesto la denuncia. Fui hasta su casa en Empalme y a
pesar de que toqué insistentemente nunca nadie abrió la puerta. Más tarde,
desde mi oficina, le marqué a su teléfono. Yo sólo quería darle seguimiento a
la investigación periodística. Me contestó el muchacho, y con una voz muy
alterada y nerviosa, casi me suplicó: “Víctor, por lo que más quiera, ya deje
este asunto por la paz. Le agradezco mucho lo que hizo, pero ya, por favor, ya
no siga con esto”.
Muy sorprendido le dije que no podía dejar las cosas así,
pero su respuesta fue contundente: “No, Víctor, de veras, ya no… ya no quiero
saber nada de mi carro ni nada… ya déjelo así”. Cualquiera que tenga dos dedos
de frente podrá llegar a la misma conclusión a la que yo llegué. Sinceramente,
no volví a tocar el tema, pero no por otra cosa que no fuera el peligro al que
estaba exponiendo a ese muchacho, que de víctima de robo pudo haber sido
víctima de… algo peor.
Y como éste hay muchos casos más. Más adelante les comentaré
sobre el enfrentamiento que tuve en una ocasión con otro agente del MP, y todo
derivado de que muchos de los sujetos que llegan a ese cargo, son delincuentes
amparados por un título de abogados, pero que en realidad aprovechan su cargo
para hacerse de dinero mal habido, utilizando su presunta “autoridad” para
chantajear a quienes son víctimas de la delincuencia. Y de esos hay muchos
todavía. No es cierto que las cosas han cambiado.
