Cbtis: intereses políticos

Hace días publiqué en este mismo espacio que el problema del CBTIS 40 ya estaba rebasando lo tolerable, y que había llegado ya a afectar lo más sagrado en la educación: los estudiantes. Ayer, el asunto empezó a desbordarse y a convertirse en un conflicto social que descubre hasta intereses ajenos a lo que había sido una noble y prestigiada institución.

En torno a este asunto, cabe hacer mención que la principal responsabilidad empieza a recaer en la Secretaría de Educación y Cultura, dependencia que en una actitud por demás irresponsable, ha desatendido su compromiso de resolver de manera afortunada y expedita la situación tan conflictiva --y que se agrava cada día más-- en la escuela. En una posición que desconcierta, se está dejando que el problema vaya más lejos. Y empieza a entenderse por qué.

El problema en el CBTIS surgió a partir de la designación de Magaly Arreola como directora del plantel. Presuntamente, algunas medidas aplicadas por esta persona despertaron el malestar de los maestros (algunos de ellos aseguran que también alumnos y padres se inconformaron con ella), y pidieron su destitución. A partir de ahí la situación empezó a crecer, a grado tal que hasta a la PGR han tenido que ir a declarar los involucrados. El grado de tensión es tremendo, y si no se ha llegado a los golpes sólo falta que se rompa un delgado hilo para eso.

A punto de comenzar el nuevo período de clases, la situación se torna más conflictiva aún, y ayer llegó a extremos ya más preocupantes, cuando un grupo (por cierto, muy reducido) de personas, bloquearon la confluencia de la avenida Serdán y la calle 23, frente a Palacio Municipal, exigiéndole al alcalde Otto Claussen Iberri que les ayude a resolver el problema. Hasta ahorita no sé si el Munícipe, que según yo “no tiene vela en este entierro” haya tomado una decisión al respecto. El caso es que ya lo involucraron y con él a todos los demás guaymenses. Esto ya huele a política.

Quiero decir que yo siempre he estado de acuerdo en que la gente debe manifestar su inconformidad en contra de algo que le esté perjudicando. La protesta está considerada dentro de nuestra Carta Magna como un derecho y nadie puede atentar en contra de quien proteste, de manera legítima, en contra de algo o alguien que esté perjudicando sus intereses, incluyendo funcionarios públicos. Es decir, pues, la protesta bien justificada debe merecer el respeto de los demás.

Lo que resulta totalmente intolerable es que las protestas perjudiquen a terceros, a personas que nada tiene que ver en tal o cual problema (aunque insistan en decir que es colectivo), y que el bloqueo de calles (por cierto, considerado como un delito) de ayer protagonizado por unas diez o quince personas, haya perjudicado a millares, más todavía, porque se hizo a un par de kilómetros del lugar del problema y no precisamente ante las instancias correspondientes.

Pregunto: ¿cuántos maestros, padres de familia y alumnos participaron en este bloqueo? Como afectado por la situación en par de ocasiones (llegué tarde a una cita y más tarde mi hijo llegó tarde a Bellas Artes) me gustaría saberlo, para tratar de entender que los asistió la razón al decidirse a quitarnos, a los demás, el libre derecho de circular por nuestras calles.

La SEC ya debe dejar su indolencia por un lado y asumir la responsabilidad que tiene en todo esto. Si la directora es la causante del grave problema, tan sencillo como removerla. Si son los maestros los conflictivos, no entiendo por qué no actúa de acuerdo a sus funciones y los pone también en su lugar. Pero aquí la SEC está demostrando un claro importamadrismo en torno a la afectación que deja esto a los educandos, razón principal por la que existen las escuelas. ¿Qué le pasa, señor Jorge Luis Ibarra Mendívil?

La situación puede llegar a mayores. Y no falta mucho.

Nota del redactor: Gracias a los mensajes de algunas personas debo hacer las aclaraciones pertinentes en torno a esta columna. Por una involuntaria distracción del columnista, mencionamos a la SEC como responsable al no detener este conflicto, cuando en realidad es la SEP la dependencia que se está viendo mal al no intervenir y poner fin a los perjuicios que está dejando este problema a los alumnos. La institución es federal, de ahí que es la dependencia del Gobierno de la REpública la que tiene que intervenir.
Ofrezco una disculpa por el error involuntario.