Contraportada

Profundamente preocupado por los hechos violentos que se suscitan en Empalme vimos al alcalde Héctor Moisés Laguna Torres. El Presidente Municipal siente el compromiso grande que tiene con la comunidad en materia de seguridad pública, uno de los puntos más sensibles que tocó en su campaña de proselitismo, y sabe que tiene que buscar todas las alternativas posibles para ofrecer mayores garantías a los empalmenses.

Sin embargo, hay que decirlo. Lo que le pasa a Héctor no es exclusivo del Munícipe empalmense. La inseguridad priva actualmente en todos los municipios del país, y su mortificación es la misma que comparte los presidentes de cada uno de ellos. La delincuencia ha sentado sus reales en todos los rincones del territorio mexicano, y el asunto escapa ya a la voluntad de las autoridades municipales. Claro, a excepción de aquellos que optan por involucrarse con los criminales, que no es el caso del alcalde rielero.

Laguna Torres puede disponer de su mejor voluntad para tratar de dar mayor seguridad a los habitantes del Municipio, pero enfrenta una serie de problemas que van a ser los que compliquen sus esfuerzos. Uno de ellos es la escasez del equipo suficiente para enfrentar los elevados índices de delincuencia que existen actualmente, como consecuencia del excesivo consumo de drogas que se da en muchas familias empalmenses.

Con pocas patrullas y escaso armamento, para el Municipio resulta literalmente imposible enfrentar al crimen organizado, de ahí que para las familias de los policías es una angustia permanente saber que sus esposos, hermanos o hijos salen a la calle a enfrentarse a la misma muerte. No dudo que en muchos de esos casos, la recomendación sea la misma: “no te enfrentes a los delincuentes”. De cualquier manera, la gente critica al policía sea cual fuere el resultado de su trabajo.

Otro grave problema que enfrenta Héctor es que en decenas de familias empalmenses, la adicción a las drogas se ha convertido en un problema incontrolable. El excesivo consumo de estupefacientes, en algunos casos entre varios miembros de una sola familia, ha provocado un desquiciamiento tal, que delinquir se ha convertido en algo normal. La desesperación por contar con recursos para adquirir droga y la mente obnubilada por su consumo, lleva a los adictos a ser potenciales criminales, para quienes enfrentarse a la policía es juego de bebés.

Por las calles pululan docenas de hombres y mujeres que buscan la forma de satisfacer sus adicciones, y por lo mismo, no miden consecuencias cuando se trata de alcanzar su objetivo. Inclusive, la opción que toman es la de ingresar a las filas de la delincuencia. Lo peor es que sus mismas familias no permiten su detención cuando son sorprendidos en plena faena.

Y el problema general de los alcaldes del país, es la poca importancia que las autoridades federales dan al delicado problema de las adicciones. La PGR se ha convertido en una dependencia para atender los delitos del tipo político, pero se ha alejado totalmente de su compromiso de velar por el bienestar de la gente, de tal forma que la comercialización y consumo de drogas ha pasado a formar parte de sus asuntos pendientes.

Mientras el Gobierno Federal no atienda ese compromiso, de atacar de raíz el problema de la delincuencia, los Municipios seguirán en manos de quienes manejan todo esto. Ningún alcalde, y eso debe entenderse bien, tiene ni las facultades, ni los equipos suficientes para hacer frente a un problema que no les compete.

Quien culpe a un alcalde de motivar a la presencia del crimen organizado, quizá debiera ponerse un poco en sus zapatos.