Creo que nunca como hoy estuvo
tan descuidado el aspecto de la seguridad en Guaymas. Literalmente, en materia
de seguridad pública estamos en la calle. A diferencia de quienes pretenden “ocultar
el sol con un dedo” asegurando que la policía municipal está cumpliendo con su
compromiso de prevención, la opinión pública está convencida de que hoy en día
existe una incertidumbre total.
No solamente estamos hablando
de la ausencia de prevención en los delitos. Lo peor es que existen hechos
delictivos en los que con inusitada frecuencia se está involucrando a agentes
de la policía municipal, como el reciente asalto a una agencia cervecera, en el
que un miembro de los grupos de élite de la corporación está presuntamente
inmiscuido. Y ante ello, el comandante de la corporación, Francisco Javier
Vidaurrázaga Soto, prefiere guardar silencio.
El trabajo de la policía que
debiera estar para proteger los intereses de los guaymenses (por lo cual cada
uno de ellos percibe un sueldo), ha resultado todo lo contrario. Mientras las
delincuencia se pasea campante por las calles, los miembros de la corporación
parecieran tener instrucciones precisas de arremeter en contra
Fco. Vidaurrázaga. |
No vayamos tan lejos. Mientras
se advierte la presencia de individuos de evidente peligro, que incluso no se
esconden para portar armas blancas y hasta de fuego, la corporación ha
emprendido desde hace meses una persecución perruna en contra de personas que,
si bien incurren en la falta de conducir un auto bajo estado ebrio, al menos
tienen la justificación de buscar sólo algo de diversión, lo cual no los ubica
en el nivel de quienes están reñidos con la ley. Y es sin embargo a quienes se
les da un trato peor al que se le daría al más peligroso sicario.
Mientras los ciudadanos
estamos expuestos a sufrir el robo de nuestras pertenencias ante la cada vez
más desbocada delincuencia, la policía parece estar más empeñada en dos
aspectos: en atascar de dinero las arcas del Municipio con costosas multas a
quienes incurren en la conducción punible, y en satisfacer todas las
necesidades de agentes que exigen en dádiva obligada hasta dos mil pesos a
quienes son detenidos como condición para dejarlos ir.
Los guaymenses no merecen ese
trato. El abuso se ha convertido en la constante en la actual administración
por parte de la corporación policiaca, y esto lógicamente está “llenando el
hígado de piedritas” a una comunidad que, harta ya de semejantes agresiones,
está en espera de que se le dé una nueva oportunidad de elegir gobernantes para
empezar a cobrar facturas. Los guaymenses ya han demostrado en anteriores
ocasiones que tienen memoria, y han dado al traste con las perversas
intenciones de sujetos que, tras haber realizado un trabajo denigrante como
alcaldes, pretendieron llegar a otros cargos de elección popular.
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