Contraportada

El pasado fin de semana, una nota generada en un palenque de Ensenada, Baja California Sur, encendió de nuevo los focos rojos en el resto del país: un grupo de hombres armados llegaron hasta ese lugar, y por razones que sólo ellos conocen, empezaron a disparar a diestra y siniestra, asesinando a cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, e hiriendo a cerca de 15 más. El hecho está consignado en todos los medios de comunicación.

Pudiera parecer un hecho más en el que la delincuencia organizada está involucrada y que se trató de los llamados ajustes de cuentas entre bandas rivales dedicadas al narcotráfico y demás menesteres. Sin embargo, el hecho en sí marca un precedente que está despertando marcada preocupación entre la sociedad común: los delincuentes ya hicieron a un lado sus códigos de conducta, y ya no solamente asesinan a sus enemigos directos. Ya están atentando de manera indiscriminada con quien se les atraviese en el camino.

En los últimos días, en nuestra región Guaymas-Empalme se han estado registrando casos específicos en los que, personas que aparentemente no tienen relación alguna con cuestiones delictivas, han estado siendo “levantados”. En algunos casos se dice que es por gente ligada al crimen organizado. En otros, se habla de la posible intervención de elementos del Ejército Mexicano investidos de civiles, lo que despierta más la inquietud ciudadana.

Lo cierto es que en Sonora la tranquilidad parece relajarse de nuevo, y más ahora precisamente en que, como se insiste, tal pareciera que los delincuentes ya no arremeten sólo en contra de sus antagonistas, sino que ya están arrasando parejo, por lo que se ve. Y la consecuencia muy natural de todo esto es que la comunidad vuelve a entrar en una etapa de zozobra, intranquilidad, mortificación y angustia. Salir a la calle de nuevo está dejando de ser seguro.

En tales condiciones, se vuelve elemental tener una atención de las autoridades en torno a las medidas que eventualmente se estén tomando para tratar de contrarrestar esto. Hasta este momento, no hay un dato preciso sobre la manera en que Gobierno del Estado y Municipios estén trabajando para dar garantías a la ciudadanía común. Varias personas que argumentan no tener vínculos con la delincuencia, han sido privadas de su libertad, y después aparecen con evidencias de haber sido golpeados salvajemente. Eso se llama simplemente inseguridad.

El ciudadano común tiene todo el derecho constitucional de exigir el respeto a sus garantías, y entre éstos está precisamente la seguridad. Las personas de buen vivir no pueden estar sometidas a este tipo de inquietudes y las autoridades tienen la obligación de ofrecer una certeza en ese sentido.

Si las cosas siguen igual, se corre el riesgo de que varias ciudades de la entidad se conviertan en otro Sonoita, donde no hace mucho se dieron todas las condiciones para ser considerado como un pueblo totalmente sin ley.

Los delincuentes pueden vivir su vida como mejor les plazca. Pero la sociedad no debe ser involucrada en esta, y se supone que para eso se cuenta con un gobierno.