Contraportada

 Un delito se castiga de acuerdo a lo que marca la ley, todo en sus debidas proporciones. Hay delitos que sólo ameritan una amonestación, pero hay otros que, por su gravedad, podrían resultar en una pena corporal máxima para quien lo cometa. Todo depende de lo que las investigaciones arrojen.

En México, la aplicación de la ley ha sido regularmente injusta. En nuestro país se puede enviar varios años a prisión a alguien que robó en un acto de desesperación para llevar alimento a sus hijos, mientras se aplaude y se brindan todos los honores a los grandes depredadores de los recursos públicos.

Alguien que purgaba una condena en prisión hizo una reflexión profunda sobre la forma en que se castiga el delito en México. “Aquí hay gente inocente, personas que por no conocer de leyes no supieron cómo defenderse y reciben un castigo injusto y doloroso, mientras los que delinquen con todas las agravantes son felices desde el servicio público.”

Desde hace décadas, las voces que exigen castigo a quienes hacen de la función pública su modus vivendi, enriqueciéndose de manera abusiva y obsesiva, han recibido el desdén oficial, tan dado a proteger delincuentes, entre estos los llamados “de cuello blanco”.

Al arribo de un nuevo gobierno que se comprometió a meter a la cárcel a quienes se les pueda comprobar la comisión de delitos desde el quehacer público, hay quienes han entrado a una etapa de preocupante zozobra luego de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara constitucional la consulta en torno a si se debe enjuiciar a cinco expresidentes mexicanos.

Si bien es cierto que la ley debe aplicarse sin más consentimiento de que la ley misma, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca legitimarse definitivamente. Y cumplir con un compromiso previo a su asunción, de someter a proceso a quienes presuntamente se robaron parte del patrimonio nacional, es algo que tarde o temprano se daría.

Ahora bien, desde una perspectiva clara, el Presidente no quiere responsabilizarse solo de lo que viene, y en este caso, solicita la participación de la opinión pública para tomar la decisión que nadie se había atrevido antes. Y un apoyo mayoritario popular lo consolidaría como un presidente que estaría cumpliendo lo que prometió: castigar con dureza la corrupción en México con el respaldo popular.

El día que el gobierno de AMLO mande a prisión a un expresidente, comprobados los delitos de los que se les acusa, ni cien manifestaciones de Frenaa y demás grupos opositores podrán interrumpir el cambio que se está dando en México.

¿Qué pensarías tú en caso de que se empiece a castigar a ex presidentes y demás a quienes se les compruebe que robaron directamente del erario?