* Tras dos años de investigaciones, Contraloría estatal logró acreditar el "chequegate"
Funcionarios de primer nivel de la Secretaría de Hacienda Estatal, en el sexenio de Eduardo Bours, afectaron según evidencias al erario público en 2009 a través de acciones ilícitas como la utilización de nombres falsos para aperturas de cuentas bancarias y cobro de cheques.
Luego de casi dos años de investigaciones ministeriales sobre el caso conocido como “chequegate”, se acreditó que Paola Vanezza García y Dulce María Huerta son las presuntas responsables de cobrar de manera ilegal, durante 2009, año electoral, 74 cheques entre los meses de febrero y julio, que dieron un importe total de 186 millones de pesos.
El Contralor General del Estado, Carlos Tapia Astiazarán, explicó que, para sacar el dinero de las arcas del Estado, se alteró el proceso contable, llamado Sistema Integral de Información y Administración Financiera (SIIAF), a través del cual se emitieron los cheques.
“Esos cheques fueron endosados, obviamente que esa firma endosada era firma falsificada, por lo que se solicitó que se hiciera una investigación grafoscópica para determinar quién podía ser el implicado y fueron los peritos de la Procuraduría los que determinaron qué persona había hecho todos los endosos”, reveló Carlos Tapia.
De acuerdo a la evidencia que obra en el expediente judicial, la ex Tesorera del Estado, Paola Vanezza García Estrada, quien dependía directamente del ex Secretario de Hacienda, Gilberto Inda Durán, fue quien autorizó el cobro de los 74 cheques que se emitieron durante el 2009, y era ella misma quien recibía el dinero en efectivo de manos del coordinador de área de la Tesorería del Estado.
Triangulaban la operación
Según la declaración de los servidores públicos involucrados en el “chequegate”, y de acuerdo a las pruebas recabadas hasta hoy por peritos y en poder de la PGJE, la presunta operación ilícita para llevar a cabo el desfalco, constó de siete pasos.
Primero, la ex tesorera Paola Vanezza autorizó al entonces coordinador general del SIIAF, César Fabián García Treviño, que creara una cuenta con el nombre ficticio de Mónica Rodríguez Jiménez.
En segundo lugar, una persona no identificada usó la cuenta de la persona ficticia, Mónica Rodríguez, para sacar los cheques a nombre de 5 empleados diferentes de la Secretaría de Hacienda.
En tercer lugar, las personas cuyos nombres fueron utilizados para cobrar los cheques, según su declaración ministerial, desconocían la comisión de este delito.
En cuarto lugar, una persona no identificada es quien falsificó los endosos de los cheques y los entregó a un empleado para que fueran al banco a cambiarlos por dinero en efectivo.
En quinto lugar, Paola García o Dulce María Huerta, se comunicaban con los funcionarios bancarios, para cerciorarse de que contaran con la suma de dinero requerida para cambiar el cheque, cifra que oscilaba entre 1 y 3 millones de pesos.
En sexto lugar, un empleado del área bajo las órdenes de la ex tesorera, acudía a la institución bancaria a cambiar el cheque por efectivo y lo depositaba en maletas para transportarlo a las oficinas de la Secretaría de Hacienda Estatal.
Y en séptimo lugar, la ex tesorera Paola García recibía el dinero en efectivo, sin que hasta el momento se tenga claro qué se hizo con el dinero.
Prófuga de la justicia
La ex tesorera de la Secretaría de Hacienda en el sexenio de Eduardo Bours, Paola Vanezza García Estrada, se encuentra prófuga de la justicia, luego de que el Poder Judicial liberara una orden de aprehensión en su contra por los delitos de uso indebido de atribuciones, ejercicio indebido del servicio público y peculado por 186 millones de pesos al erario público.
“Para probarlo ante la justicia, se tuvo primero qué obtener la documentación original, se mandaron peritos a México a ver los cheques y se les hicieron las pruebas periciales. También se les tomó la declaración a los funcionarios bancarios que corroboraron todos estos hechos y a los mismos funcionarios de la Secretaría de Hacienda”, reveló el contralor Carlos Tapia.
Agregó que, tras integrar un expediente de miles de hojas, donde se prueba y se corrobora paso por paso cómo se orquestó el “chequegate”, y donde se acredita la presunta responsabilidad de la ex tesorera Paola Vanezza, en complicidad con Dulce María Huerta, se turnó ante el ministerio público del Fuero Común, para que a su vez fuera turnado al Poder Judicial y solicitar las dos órdenes de aprehensión, las cuales fueron concedidas.
Durante la investigación, agentes de la PGJE acudieron al domicilio de Paola Vanezza, en la calle Santo Tomás #45, de la colonia San Ángel, en Hermosillo, para notificarla de las denuncias en su contra, pero no la encontraron, por lo que le dejaron un aviso.
Días después se presentaron dos abogados en las oficinas de la Contraloría Estatal, a nombre de la ex funcionaria involucrada en el proceso administrativo, pero cuando llegó el día para que Paola García se presentara ante el ministerio público para rendir su declaración por las imputaciones de tipo penal, tampoco hizo acto de presencia.
Aplican sanciones administrativas a dos funcionarios más
Por seis años fueron inhabilitados para desempeñar cualquier cargo público dos ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda Estatal, implicados en el “chequegate”.
Los ex servidores públicos sancionados administrativamente son Alejandro Leal Beltrán, ex director general de Control de Fondos y Pagaduría, y Edgar Prendas Sandoval, quien desempeñaba un puesto de director en la Tesorería del Estado, ambos en el sexenio de Eduardo Bours.
El Contralor General del Estado, Carlos Tapia Astiazarán, informó que tanto a Alejandro Leal como a Edgar Prendas, se les comprobó que tuvieron una participación directa en el cobro de los cheques millonarios, por lo que hasta el momento han sido sancionados por la vía administrativa, quedando pendiente la de tipo penal.
El expediente administrativo continúa abierto.
186 Millones de pesos es el desfalco realizado a las arcas del estado en 2009, cuando Eduardo Bours era gobernador.
74 Cheques fueron cobrados, entre los meses de febrero y julio de 2009, en el desfalco millonario conocido como “chequegate”.
2 Ex funcionarios públicos fueron inhabilitados por 6 años para desempeñar cualquier cargo público, Alejandro Leal Beltrán y Edgar Prendas Sandoval.
2 Órdenes de aprehensión fueron liberadas en contra de la ex Tesorera del Estado, Paola Vanezza García Estrada, y su asistente personal, Dulce María Huerta Meza.
25 funcionarios y ex funcionarios públicos están siendo investigados por el millonario desfalco, conocido como “Chequegate”.
Para llevar a cabo la emisión de cheques, se cometieron varias irregularidades:
• Para generar gran parte de las órdenes de pago con las cuales se emitieron los cheques, se creó un usuario falso para operar el Sistema Integral de Información y Administración (SIIAF).
• Las personas a cuyo nombre se emitieron los cheques no tenían en sus funciones el manejo de recursos financieros.
• El cobro en los bancos lo efectuaron personas que no contaban con esas atribuciones, según lo señalado en sus descripciones de puesto.
• Algunas de las afectaciones de las órdenes de pago en el SIIAF las realizaron personas que no contaban con atribuciones para tales actividades.
• En la contabilidad del Gobierno del Estado se realizaron registros contables incorrectos de manera intencional (cargos en rojo).
Cheques emitidos a los deudores del erario en el ejercicio 2009 por institución bancaria:
Banamex: entre el 26 de febrero y el 2 de julio de 2009, se cobraron 5 cheques que en total sumaron la cantidad de 9 millones 600 mil pesos en efectivo.
• BBVA Bancomer: entre el 13 de febrero y el 3 de julio de 2009, se cobraron 16 cheques que en total sumaron 43 millones 500 mil pesos.
• HSBC: entre el 26 de febrero y el 3 de julio de 2009, se cobraron 25 cheques que en total sumaron 63 millones 500 mil pesos.
• Santander: entre el 15 de abril y el 2 de julio de 2009, se cobraron 20 cheques que en total sumaron 51 millones 500 mil pesos.
• Scotiabank: entre el 4 de junio y el 3 de julio de 2009, se cobraron 8 cheques que en total sumaron 17 millones 900 mil pesos.
- LA SUMA TOTAL ES DE 186 MILLONES DE PESOS
los que siguen son Monica Marin y Cesar Lizarraga por el mega fraude de las luminarias rentadas ya que acaba de resolver la suprema corte de justicia de la nación que la operación fue totalmente ilícita, sin autorización del congreso por el tamaño del endeudamiento a Guaymas, mas de 80 millones de pesos,sin licitación de por medio siendo que había proveedores que ofrecieron en 14 millones de pesos COMPRARLAS no RENTARLAS como lo hizo Cesar Lizarraga y por la cantidad de $44 millones de pesos de capital mas los intereses, todo con la autorizacion y complicidad de Monica Marin quien era la Contralora, luego pagaron mas de medio millon de pesos para que los defendiera un despacho de abogados en mexico DF, de la denuncia ciudadana que les interpusieron, y luego de ese mismo asunto Monica Marin realizó varios viajes al DF donde solo de gastos personales nos cargó a los Guaymenses alrededor de $300,000 mil pesos, y pueden creer que con toda esta millonada en juego que ellos se robaron y gastaron impunemente, ahora anden tapando con tierra los baches???????
ResponderEliminarpueden creer que Cesar Lizarraga ande de vuelta pidiendo el voto y prometiendo mas babosadas, las mismas que prometió antes y no cumplió porque solo de dedicó el y su banda a robarse todo lo que pudieron, principalmente terrenos?????
Pueden creer Monica Marin, Cesar Lizarraga y Manuel Aguilar que con esta pendejada de meter 50 cajas de trayler que contaminaron a muchos Guaymenses con radiación que produce cáncer, pueden creer ellos que la gente realmente va a votar por ellos????
pues que clase de idiotas seriamos si permitimos que esta banda de ladrones nos siga saqueando.
Librado Navarro el mejor....
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