Debe 18 mdp, deuda contraída
exclusivamente por la presente administración
Tras confirmar que el actual
adeudo que el Ayuntamiento tiene con la empresa recolectora de basura PASA es
exclusivamente de la actual administración pública, la empresa dejó entrever la
posibilidad de presentar formal denuncia en contra del Municipio el próximo mes
de enero.
En entrevista para
Contraportada, Juan Torres Gómez y Filiberto Cuen Villa, gerentes regional y
general de Guaymas, respectivamente, señalaron que los pagos pendientes
ascienden ya a los 18 millones 67 mil pesos, correspondientes a casi 8 meses de
servicio. PASA cobra un promedio de dos millones 400 mil pesos al mes.
“Y debe quedar claro que ese
adeudo corresponde exclusivamente a la actual administración pública. El Ayuntamiento
que encabezó Otto Claussen Iberrri dejó la deuda totalmente en ceros”, atajó
Torres Gómez, al rechazar de manera enfática que ellos estén involucrados en
cuestiones políticas. “Somos una empresa que presta un servicio y cobramos por
ello. Si hay quienes se aprovechen de la coyuntura para cuestiones políticas es
un asunto que no nos interesa”, aclaró.
Negó también que el servicio
esté suspendido. “Está afectado por la falta de pagos. Actualmente está
saliendo una sola ruta de las diez que operan. Nueve están afectadas y por eso
no están recolectando la basura”, apuntó.
“No es una suspensión, es una
afectación”, insistió.
Contrato con derechos y
obligaciones
Cuestionado del por qué PASA
mantiene vigente un contrato que ha provocado trastornos para ambas partes,
manifestó que este sí se puede rescindir, pero para ello, el Municipio, que en
este caso es el que ha incumplido con sus obligaciones de pago, tiene que
cubrir todo lo pendiente.
“En todos los contratos hay
derechos, pero también hay obligaciones, y en este caso, el Municipio no está
cumpliendo con sus pagos. Ahora bien, si ellos no están conformes con lo que
está pasando, pues hay instancias legales… que recurran a ellas”, advirtió.
Tras considerar injusto que se
haya incrementado tanto la deuda con la empresa, dijo que si esto mismo hubiera
pasado con el sindicato de trabajadores del Ayuntamiento, en estos momentos
tendrían problemas más graves.
Reflexionó además en que “si a
Comisión Federal de Electricidad no le cubren el pago mensual, ellos les van a
ir a “cortar la luz”. ¿Porqué a la empresa sí le están exigiendo que recoja la
basura si no están pagando por el servicio? Es exactamente lo mismo, pero a
nosotros se nos sataniza y se nos quiere hacer responsables de un problema del
cual no lo somos”, subrayó.
Se niega Comuna a negociar
Torres Gómez informó que ayer
jueves se reunieron con el alcalde Lorenzo De Cima Dworak. “Nosotros vamos como
empresa a tratar de negociar la forma en que nos puedan pagar y regresar a las
calles a brindar el servicio. Pero nos acusó de haberlo hecho sin darnos una
respuesta para empezar con las negociaciones. Nos exige dar el servicio sin
intentar siquiera un común acuerdo para inhibir la deuda”, reprochó.
Dijo que buscaron el
acercamiento y pidieron propuestas, “y lo que recibimos a cambio fue que nos
culpara de lo que está pasando. Nos está exigiendo no suspender el servicio,
pero no nos da ninguna alternativa para empezar a pagar. Y en esas
circunstancias, nosotros no tenemos por qué hacerlo”, advirtió.
Se refirió también a la
propuesta que hizo antes la Comuna, de pagar con terrenos parte de la deuda,
argumentando después que la empresa los quería a un precio menor al real. “Nosotros
lo hacemos todo conforme a lo estrictamente legal. Nos fuimos a los avalúos y
ahí se determinó el costo de los terrenos. Es falso que los hayamos pedido a
precios menores a lo que se valuó”.
Y ante la negativa a entrar a
un plan acordado de pagos, la empresa podría proceder a presentar una formal denuncia
en contra del Ayuntamiento para exigir la retribución pendiente. “Y un litigio
en ese sentido puede incrementar la deuda considerablemente”, pronosticó, agregando
que “les hemos ofrecido que nos paguen únicamente lo pendiente, sin cobrar
intereses… y tampoco quieren”.
El contrato se firmó el 15 de
diciembre de 2006, durante la administración de Antonio Astiazarán Gutiérrez, y
vence en la misma fecha del año 21.
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