Casi para acercarme a determinado punto, observé que a unos cinco metros estaban fluyendo aguas negras, provenientes de la enésima fuga de porquería del destrozado sistema de alcantarillado. Con la tripa frustrada, tuve que declinar al deleite.
Pensé en dos cosas. La
primera, pues en mi no satisfecho apetito, y la segunda, en que esos muchachos
que estaban en espera de posibles clientes seguramente habrán perdido a varios más
como yo que, al notar la pésima perspectiva de salud derivada de la contaminación,
decidimos no consumirles.
Pensé en lo mal que muchos
vendedores habrán de sentirse en estos tiempos en que la porquería corre y se
deposita en las calles citadinas como consecuencia del tiradero de aguas
sucias, lo que les impide alcanzar su más sagrado propósito: reunir recursos
para llevar alimento a sus familias. Debe ser dolorosamente frustrante también.
Pero luego me invadió el coraje
de nuevo, porque finalmente concluí que ellos son víctimas de una corrupción
que caracterizó (¿será que ya no?) a funcionarios que desatendieron su
compromiso de trabajar en beneficio de la comunidad y ocasionaron con su
desaseada labor las circunstancias que hoy agobian a muchos guaymenses.
Y vuelvo a preguntarme, en
espera de que algún conocedor a fondo de leyes y demás cosas por el estilo me
responda, ¿no hay forma de abrir proceso en contra de quienes vivieron del
dinero público mientras le partían su madre a los demás?
¿Cómo es posible que esos
delincuentes oficiales se vayan tranquilos a su casa después del daño --en
algunos casos irreparable-- que han provocado a tanta gente?
¿De plano los van a premiar
con el olvido?
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