En el mes de abril de 1952, millares de mujeres (se hablaba de casi 20 mil) reunidas en un parque de la capital del país, exigían al candidato a la Presidencia de la República, Adolfo Ruiz Cortines, que cumpliera con su compromiso de gestionar al reconocimiento constitucional al derecho de las mexicanas a votar y estar en posibilidad de ser electas.
Reza la historia que el aspirante a Presidente reiteró su compromiso, y ya como tal, en octubre del año siguiente, cumplió con la palabra empeñada y promulgó las reformas constitucionales que dieron el voto a la mujer en el ámbito federal.
Si bien fue hasta julio de 1955 cuando las mujeres acudieron por vez primera a las urnas para emitir su sufragio, cuando todavía la tradición de que sólo hombres fueran candidatos a los puestos de elección popular persistía, un año antes, Aurora Jiménez de Palacios fue la primera diputada federal al ser electa como tal en el Estado de Baja California.
Al paso de los años, la mujer ya no sólo se conformó con participar como votante y se adentró más de lleno en la política, al extremo de tener presencia firme en las cámaras de diputados y en los puestos de más alta jerarquía en el servicio público. El avance importante de la mujer en política y su indiscutible presencia hizo reaccionar al varón, que en medio de “estiras y aflojas” estableció lo que hoy se conoce como equidad de género, que entre otras cosas, es para establecer un límite de candidaturas y cargos públicos disponibles para las mujeres.
Entre otras cosas, se conoce la equidad de género como la defensa de la igualdad del hombre y la mujer en el control y el uso de los bienes y servicios de la sociedad. Esto supone abolir la discriminación entre ambos sexos y que no se privilegie al hombre en ningún aspecto de la vida político-social, tal como era frecuente hace algunas décadas en la mayoría de las sociedades occidentales.
Sin embargo, la equidad de género viene a resultar en una humillación para la capacidad que la mujer presume, y finalmente, sí establece un límite en las aspiraciones femeninas por incidir con más fuerza y presencia en las decisiones políticas de importancia para el país. Hay misóginos que advierten como una locura atroz suponer que solamente mujeres pudieran eventualmente integrar una fórmula partidista para buscar una victoria electoral. Colocan obstáculos y las mismas mujeres lo permiten.
En una sociedad que se precia de ser civilizada, la equidad de género debe aplicarse sólo en los derechos que ante la sociedad tiene el ser humano como tal. En relación a la participación política, debe destrabarse ese impedimento para que más mujeres puedan intervenir en los destinos de México como nación, así como en sus respectivos estados y municipios. Limitar a la mujer en su intento de llegar a los cargos públicos es seguirle negando su capacidad para cambiar el rumbo del país.
Infortunadamente, la sociedad mexicana sigue siendo controlada por el “machismo” a pesar de lo que se diga en contrario. Esto obviamente permitido por las mujeres que han hecho de su incursión en la política la misma práctica de los varones corruptos: satisfacer sus ansiedades ambiciosas y ver la política como negocio particular. Ejemplos hay muchos, de féminas de todos los partidos que vendieron sus dignidad al mejor postor.
Mientras exista la equidad de género, la participación femenina seguirá estando muy limitada y su capacidad recibiendo una patada en el trasero.
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